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El CERMI recogerá 500.000 firmas para llevar la reforma a las Cortes

Iniciativa legislativa popular contra el copago que expulsa de la protección social

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pondrá en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Dependencia y establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.

Así lo pondrá en marcha el CERMI, con arreglo a lo establecido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

En este sentido, hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”.

El CERMI lo ha explicado así en su manifiesto con motivo del Día internacional y europeo de las personas con discapacidad, ‘No al copago confiscatorio, que expulsa a las personas con discapacidad y sus familias de la protección y los derechos sociales. Por la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia’.

Según el manifiesto, la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia “debió suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la población”, como “derecho subjetivo” e “inauguró una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes expectativas en todo el tejido social”.

Tras más de siete años desde la aprobación de esta Ley, señala el CERMI, el despliegue de este nuevo sistema de protección se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la crisis económica y social, que ha inducido a aplicar feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros múltiples factores políticos, sociales y de gobernanza del sistema.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales personas beneficiarias de la Ley, ha sido lo relativo al “copago”, “percibido como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema”.

“Esta desacertada y más que injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones ha de ser corregida de inmediato”, asegura el CERMI, quien insiste en que “así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas”.

Según señala, “resulta urgente e imprescindible modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada”.

Por ello, piden la modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica, así como la ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Asimismo, solicita la modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40% de la capacidad económica.