De acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), del año 2018, en Argentina viven más de cinco millones de personas con discapacidad, quienes deben enfrentar mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente. De hecho, del total de personas con discapacidad en edad laboral, sólo una de cada diez trabaja.
La brecha de participación laboral entre las personas con y sin discapacidad es de aproximadamente 36 puntos porcentuales. De las personas con discapacidad de entre 18 y 65 años que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), solo el 9 por ciento tiene un empleo registrado, informa la agencia OIT Noticias.
A su vez, las instituciones y sistemas educativos no suelen ser accesibles e inclusivos: el 20,3 por ciento de las personas con discapacidad que tienen entre 18 y 24 años abandonaron la educación antes de tiempo. Para las personas sin discapacidad de la misma franja etaria, el abandono alcanza el 9,8 por ciento.
Para María Eugenia Quintana, funcionaria principal de Operaciones y punto focal de inclusión de personas con discapacidad de la OIT en Argentina, esta realidad se relaciona de manera directa con las distintas barreras que dificultan el acceso al trabajo decente.
“Existen muchas barreras culturales y actitudinales, derivadas de estereotipos, prejuicios y desconocimiento en torno a las personas con discapacidad”, dijo Quintana, quien agregó: “Cuando no se toma en cuenta a las personas con discapacidad en las decisiones, se generan entornos excluyentes e inaccesibles. Estas barreras, a pesar de ser intangibles y difíciles de percibir, son las más difíciles de derribar”.
Como parte de una campaña de sensibilización en torno a la semana del 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina llama a eliminar las barreras que impiden la inclusión laboral y realizar ajustes razonables para construir entornos laborales que permitan incluir a todas las personas y garantizar su acceso a un trabajo decente.
Discapacidad y pobreza
De acuerdo con la oficial técnica de género, diversidad e inclusión de la OIT Argentina, Cecilia Lavena, existe un vínculo entre la discapacidad y la pobreza. En 2018, según el Estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad del INDEC, el 23,7 por ciento de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se encontraba en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3 por ciento de la población sin discapacidad.
“La discapacidad puede incrementar el riesgo de pobreza y la pobreza puede incrementar el riesgo de discapacidad”, explicó Lavena, quien agregó: “En el mundo laboral, las mujeres con discapacidad suelen sufrir más desventajas que los varones con discapacidad”. De hecho, también en 2018, las mujeres con discapacidad mayores de 16 años en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzaron el 29,4 por ciento, dos puntos más que los varones con discapacidad.
De acuerdo con Lavena, para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad “se necesita un enfoque integral que abarque un amplio abanico de medidas y, en este desafío, las organizaciones empleadoras cumplen un rol crucial para crear entornos laborales inclusivos”. En efecto, los gobiernos y los sindicatos deben articular sus estrategias para fortalecer la capacitación de las personas con discapacidad, facilitar la conexión entre ofertas y demandas laborales y respaldar un marco legal propicio para su empleo.
A su vez, señaló: “Es posible construir un futuro del trabajo inclusivo a través de la colaboración y las alianzas entre las diferentes partes interesadas”, dijo Lavena, quien destacó que lograr este objetivo es una responsabilidad colectiva.
En esa línea, la funcionaria de la OIT detalló algunas de las políticas que pueden contribuir con un futuro del trabajo más inclusivo:
- Asegurar el acceso a la formación universitaria y profesional en igualdad de condiciones;
- Hacer más inclusivos y diversos a los servicios públicos de empleo;
- Proveer asistencia técnica y financiera para garantizar la provisión de ajustes razonables cuando estos se requieran, con atención especial a las pymes;
- Proveer servicios adicionales para aquellas personas que los requieran (empleo con apoyo) pero en coordinación con los servicios generales;
- Asegurar la compatibilidad de las pensiones (no contributivas) por discapacidad con el empleo formal;
- Mejorar la situación de las personas con discapacidad en régimen de autoempleo y/o facilitar su transición de la economía informal a la economía formal;
- Recolectar datos estadísticos de empleo desagregados por discapacidad y de manera sistemática.
La situación global
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1300 millones de personas presentan al menos una discapacidad. Esta cifra alcanza a 1 de cada 6 personas en todo el mundo. De ese total, el 80 por ciento está en edad de trabajar, según estimaciones de la OIT.
En todo el mundo, de acuerdo con la OIT, existe una brecha de entre 30 y 40 puntos porcentuales en la participación laboral de las personas con discapacidad. Y, entre ellas, es más grave la situación de las mujeres y de determinados colectivos con discapacidad intelectual y psicosocial. Entre jóvenes con discapacidad, la tasa de inactividad es el doble: no forman parte de experiencias de educación, formación o empleo.
El informe de la OIT Por un futuro del trabajo inclusivo para las personas con discapacidad ofrece cinco recomendaciones generales para construir un futuro del trabajo decente e inclusivo para las personas con discapacidad:
- que las nuevas formas de trabajo y relaciones laborales integren la inclusión de la discapacidad;
- que los programas de desarrollo de competencias profesionales y de aprendizaje permanente sean inclusivos con las personas con discapacidad;
- que el diseño universal esté integrado en el desarrollo de toda nueva infraestructura, producto y servicio. Esto significa que los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas se conciban, desde su origen, para que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación;
- que las tecnologías de apoyo, tanto las existentes como las futuras, estén disponibles a precios razonables;
- que las medidas en los sectores de la economía en crecimiento y desarrollo incluya a las personas con discapacidad.
En este escenario, como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) llaman a garantizar un futuro del trabajo más inclusivo. Para lograrlo, es fundamental incluir a las personas con discapacidad.
