El Gobierno plantea crear viviendas con apoyos para personas dependientes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 11 de junio, la Estrategia estatal para un nuevo de modelo de cuidados en la comunidad, la hoja de ruta que dibuja hacia dónde deben evolucionar las políticas públicas entre 2024 y 2030 para transitar desde una cultura “asistencialista” hasta un tipo de apoyos que se adapte a las preferencias y necesidades de cada persona y que les permita continuar en su entorno, informa «El País».

Es el primer documento de estas características en España y ha sido elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Propone mejorar la cartera de servicios, como por ejemplo aumentando las horas ayuda a domicilio o desarrollando viviendas en la comunidad con apoyos para personas en situación de dependencia como alternativa a las residencias. También plantea la mejora de las condiciones laborales en el sector, ampliamente feminizado, y la necesidad de “mejorar la acción inspectora de las administraciones públicas y establecer sistemas de alerta rápida ante posibles casos de malas praxis”.

Esta es la letra —que escribe el Gobierno—, pero la música depende de las comunidades autónomas, competentes en asistencia social. Según Derechos Sociales, estas han participado en la elaboración de la estrategia, para la que se ha consultado a más de 12.000 personas. El documento se marca cinco grandes ejes de trabajo, divididos a su vez en objetivos y líneas de actuación, que proponen distintas iniciativas. Será en los planes operativos, que se aprobarán cada dos años, donde se detallen qué acciones concretas desarrollará cada ministerio (por ejemplo, se menciona el de Vivienda o el de Juventud e Infancia) o comunidad en ese periodo y qué presupuesto conlleva, ya sea aportado por el Ejecutivo o por las autonomías o entidades locales. El primero, de 2024 y 2025, está ya avanzado y se prevé que pueda estar listo a lo largo del verano, según apuntan fuentes de Derechos Sociales.

El 10% de la población

El desafío es enorme. Con el horizonte en el cambio de modelo, conviene recordar dónde estamos. En España se espera, de media, 329 días desde que se presenta una solicitud de dependencia hasta que se percibe una prestación. La media de horas que recibe una persona con el mayor grado de dependencia de ayuda a domicilio es de 60,6 al mes, lo cual da unas tres horas de lunes a viernes. En 2022 había 17.000 menores tutelados por la Administración viviendo en centros residenciales. Todo esto en un país en el que hay, según estimaciones recogidas en la estrategia, entre 4,4 y 6,6 millones de personas que requieren de cuidados y apoyos, lo que representa el 10% de la población. Y en el que las familias “siguen siendo la columna vertebral de los cuidados de larga duración en España”, según se lee en el documento, dado que casi el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por algún integrante de la familia. Principalmente mujeres. El 82% de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en servicios sociales también son mujeres.

El reto demográfico acecha. El 20% de la población tiene 65 o más años. Serán el 25% en 2035, y el 30% en 2047, según las proyecciones de población del INE. Ya hay dificultades para encontrar personal y en el futuro hará falta más. En un contexto, además, de familias cada vez más pequeñas.

Fuentes de Derechos Sociales reconocen que el camino llevará probablemente décadas, y miran a los países nórdicos, que iniciaron esta senda antes que nosotros. “Hace 20 años, cuando hablábamos del cambio climático y del reto de descarbonizar la economía, no nos lo podíamos imaginar. Sin embargo, ha habido un cambio cultural. Este es un sistema parecido, que implica a muchos actores”, explican estas fuentes. “Lo que hoy presentamos es el inicio de una revolución en el sistema de cuidados”, ha dicho el ministro, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “El futuro no pasa por construir más macrorresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa”, ha añadido.

Como en casa

La estrategia aspira a virar el rumbo. Pretende ser el paraguas que recoja todas las actuaciones relacionadas con el cambio de modelo y que oriente las políticas públicas que afecten fundamentalmente a cuatro grupos de población: mayores, personas con discapacidad, menores tutelados y personas sin hogar. Aunque también puede afectar a otros colectivos, como quienes tienen problemas de salud mental o las mujeres víctimas de violencia de género. El documento también se dirige a las familias, y en especial a las mujeres que cuidan, y también a las cuidadoras profesionales. El espíritu que atraviesa toda la estrategia es que las personas que requieran apoyos puedan permanecer en sus casas todo el tiempo que sea posible, y que si son atendidas en una institución, como por ejemplo una residencia o un centro de menores, esta funcione de manera parecida a un hogar. Vivir en casa o como en casa, con apoyo de los poderes públicos y una mejora de las condiciones laborales, ese es el objetivo. Algo que ya se está ensayando en 20 proyectos piloto de los que bebe la estrategia.

Para ello hay que abandonar una cultura asistencialista, que según se lee en el documento consiste en un “trato uniforme y rigidez en la rutina, acceso genérico y no individualizado a los servicios, segregación y aislamiento social, ausencia de elección y control, falta de toma de decisiones sobre la propia vida”. Y que se puede dar en diferentes entornos, desde una residencia hasta incluso el propio domicilio. La estrategia parte con una dotación inicial de unos 1.300 millones de euros procedentes de fondos europeos, cuya ejecución está prevista para el periodo entre 2024 y 2027, y que está ligada, por ejemplo, a la transformación de las residencias en entornos más hogareños. Pero a esta cantidad se deberá sumar lo que vayan aportando los planes operativos que se vayan aprobando.

La desinstitucionalización, por tanto, llevará tiempo. El documento identifica desafíos como “contar con financiación suficiente y sostenida”. Se considera que es “fundamental” la “reorientación y la disponibilidad de fondos” hacia este nuevo modelo. Fuentes de Derechos Sociales apuntan que el acuerdo de gobierno recoge un aumento sustancial de la financiación de la dependencia esta legislatura y que parte de la misma estará ligada al cambio de modelo.

Personalización

El documento se articula en torno a cinco ejes estratégicos, que van desde la prevención hasta cambios normativos —algunos están ya en marcha, como el de la ley de dependencia que se prevé que vea la luz este verano y que mejore la cartera de servicios—, pasando por la participación de las personas. Y centrándose, fundamentalmente, en la transformación de los modelos actuales de cuidado y el desarrollo de servicios de apoyo a la comunidad.

Entre otras medidas, que aún tienen que concretarse en los planes operativos, Derechos Sociales contempla la “personalización y transformación de los entornos donde viven las personas”, algo que ya se recogió en el acuerdo al que hace dos años llegaron Derechos Sociales y las autonomías sobre los requisitos mínimos a exigir en los servicios de dependencia, entre ellos, las residencias (y un pacto al que hay comunidades autónomas que aún no se han sumado). Se trata de seguir avanzando en esa senda y que se eviten diseños segregados y con aspecto de hospitales y se busque lo hogareño.

También se recoge una “mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector de los cuidados”. Se requiere “estudiar las posibilidades de mejorar la ratio de atención para adecuar los cuidados”, así como “trabajar con los agentes implicados para el incremento de los salarios”. Se aboga por potenciar nuevos roles profesionales y por abordar la necesidad de personal.

Asimismo, se plantea que es preciso “garantizar la calidad en los servicios a través de mecanismos de evaluación, inspección y rendición de cuentas”. Se pretende “generar un marco común de estándares de calidad”, actualmente inexistente en España y que también es un mandato del acuerdo alcanzado hace dos años con las autonomías, así como “reforzar la transparencia y la rendición de cuentas” y “mejorar la acción inspectora de las administraciones públicas”, que estas se centren también en la calidad de vida de las personas, no solo en aspectos de normativa.

Resulta fundamental, además, el “impulso y refuerzo de los servicios y apoyos comunitarios”, para lo cual la estrategia se fija, entre otros objetivos, la “disponibilidad de vivienda en la comunidad y el despliegue de nuevas situaciones basadas en la vivienda”. Propone el “refuerzo y despliegue de la asistencia personal” y una mejora de los servicios de ayuda a domicilio y revisar las carteras de servicios. Por ejemplo, “promover diferentes tipologías de servicios de cuidados y apoyos en viviendas en la comunidad, como alternativas a la atención residencial, garantizando el acceso de personas con grandes necesidades de apoyo”. Algo que actualmente no existe a nivel nacional. O mecanismos que prioricen la transición de niños tutelados de hasta seis años de centros residenciales a acogimientos familiares (tal y como marca la ley).

Dada la complejidad de la estrategia, se propone un plan de activación que consta de siete focos estratégicos que se priorizarán en un inicio, como adelantó EL PAÍS. Entre ellos, el impulso de un plan para dignificar el trabajo de los cuidados y el aumento de las soluciones de vivienda. La implementación de la estrategia tendrá dos evaluaciones intermedias y una al final.

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