Bartolina Ramírez, de 70 años de edad, y Johanna Viera, de 35 años, enfrentan diariamente el reto de tener una discapacidad física. Ambas viven en el oriente del país, pero su realidades son muy distintas.
En El Salvador, el porcentaje de mujeres con discapacidad (22.2%) es mayor que el de los hombres (18.2%), de acuerdo con el Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador, 2023, elaborado por el Fondo de Población de la Naciones Unidas.
Bartolina vive en el caserío Las Charcas del distrito de San Buenaventura, del departamento de Usulután. Nació con discapacidad auditiva, lo cual le impidió aprender a hablar.
Nunca fue a la escuela, debido a su limitante física, explica la familia. Sus pasos se limitan a la vivienda de la familia; sus mismo parientes exponen que a pesar de que su intelecto es normal, ellos siempre han sentido que el problema del habla la hace más vulnerable. Bartolina podría ser el rostro de ese 53,5% de población salvadoreña, que tiene más de 60 años y tiene alguna discapacidad.
“Somos tres hermanas, en aquel tiempo cuando estábamos pequeñas solo había hasta segundo grado y una sola escuela, solo pudimos hacer el primer grado igual porque mi mamá no nos permitió seguir, en vez de eso nos enseñó a trabajar en los oficios de la casa, por eso ninguna sabe leer, menos escribir; crecimos y la única que nunca se acompañó fue Bartolina, es la menor de mi mamá, pero por su condición hasta ahora la sigue cuidando, no la deja salir ni al molino”, relata Victorina Ramírez, hermana de Bartolina.
En El Salvador, el porcentaje de personas con una discapacidad auditiva es mayor en la zona rural que en la urbana. Al menos 19 personas de cada 100 con dificultades auditivas viven en el área rural. Y al menos 17 de cada 100 con discapacidad auditiva en lo urbano.
El camino de Johanna Viera para enfrentar su discapacidad visual ha sido diferente al que ha recorrido Bartolina. La vista la perdió paulatinamente en su niñez. Para José Viera, abuelo de Johana, la ceguera de su nieta inició el día que lo asaltaron.
“Fíjese que yo trabajaba en el campo y en esa ocasión quedé al cuidado de la niña, ella tenía como 12 años. La llevé conmigo para no dejarla sola, cuando unos muchachos nos salieron al encuentro en unos potreros y me asaltaron, me quitaron unas fichitas que andaba en la bolsa del pantalón y no conformes con eso me dispararon; la niña vió todo, pero a partir de ese momento a ella se le empezó a nublar la vista”, relató el abuelo.
Cuatro años después del asalto, Johana fue diagnosticada con desprendimiento de retina. Para ella fue muy difícil sobreponerse y seguir adelante pese a su ceguera, además de los limitados recursos económicos; sin embargo una beca le abrió las puertas para continuar sus estudios universitarios.
“Me alfabetice en el método braille como parte de mi rehabilitación, eso me ha ayudado a poder leer e interpretar los códigos porque estudió la carrera de Ciencias Jurídicas y logré adaptar el teléfono con asistente de voz para que me sirvan de apoyo y continuar con mis estudios”, explica Viera.
En el país, al menos 61 personas de cada 100 habitantes del área rural tienen dificultades visuales. Y en el la zona urbana el porcentaje es 66 personas de cada 100. A Rufino Amaya, habitante del departamento de Morazán, le amputaron un brazo cuando aún era un niño.
“Mi discapacidad es a causa del conflicto armado. Yo era un niño de ocho años y en el pueblo de Cacaopera, donde yo viví, estaba sufriendo mucha represión, nos quedamos ahí por las cositas que teníamos, por ejemplo los cultivos. Fui herido por un militar, con una ráfaga de balas que impactó en el brazo izquierdo, costillas y en la cabeza; después de lograr salir y ser atendido por un médico, él me dijo que mi brazo había quedado inerte, las balas rompieron tendones y rompieron todo el hueso, por eso lo tuvieron que amputar”, narra Rufino.
Luego fue desmovilizado, lo cual influyó para que recibiera el apoyo de organismos internacionales y pudiera formarse académicamente.
Rufino escribió sus remembranzas en un libro que ahora está en exhibición en el Museo de la Palabra y La Imagen de San Salvador y otra copia en El Mozote; además ha trabajado en algunas ONGS y actualmente se desempeña como Técnico en Gestión de Empleo en las oficinas del Ministerio de Trabajo, en Morazán.
Agrega que es uno de los fundadores del Instituto Segundo Montes, donde continuó su preparación académica y donde niños con discapacidades son atendidos por personal docente que está capacitado para ayudarlos en el desarrollo cognitivo.
“De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósito Múltiples (EHPM) 2021, el 20.2% de personas de 15 años o más estaban en situación de exclusión laboral, al ser “económicamente inactivas” por un deterioro funcional asociado con una enfermedad, un accidente, una discapacidad o la vejez. La incidencia de esta forma de exclusión económica es más alta en los hombres que en las mujeres como resultado de las desigualdades de género que inhiben el rol productivo de la mujer y potencian sus responsabilidades domésticas y reproductivas con el hogar”, se expone en el Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador, 2023.