La semana pasada, miles de mujeres en México salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, incluidas muchas mujeres con discapacidad. Buscando ser las hermanas visibles del movimiento, exigen la inclusión en los servicios que se brindan a las mujeres, particularmente en relación con la violencia de género.
El año pasado, el Senado de México aprobó numerosas reformas a la Ley General para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Estas reformas establecen, entre otras cosas, que los jueces y demás autoridades deben tener en cuenta la protección y el apoyo necesarios para que las mujeres con discapacidad puedan escapar de situaciones de violencia.
Human Rights Watch ha documentado casos en los que la falta de refugios accesibles y sistemas de apoyo ha llevado a que las mujeres con discapacidad se vean obligadas a volver a vivir con familiares que fueron violentos contra ellas.
Guadalupe Huerta Mora, de la Ciudad de México, fue golpeada severamente por sus tres cuñadas, con quienes vivía, con la aquiescencia de su esposo. El ataque le provocó una lesión medular que la dejó una discapacidad física permanente. En ausencia de un refugio accesible, servicios de apoyo u otras opciones para mantenerla a salvo, Huerta Mora se vio obligada a regresar a vivir con sus agresores.
Las reformas requieren que las autoridades apliquen el “principio de enfoque diferenciado” para tener en cuenta las condiciones que las mujeres puedan tener y que las coloquen en un mayor riesgo de exclusión, entre ellas la discapacidad. Sin embargo, las discusiones actuales en la Cámara de Diputados no incluyen fondos adicionales para implementar estas reformas, lo que las hace totalmente ineficaces.
Por ello, más de 150 activistas y organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, enviaron una carta abierta a los presidentes de las comisiones de presupuesto e igualdad de género de la Cámara de Diputados, pidiéndoles que adopten la reforma con fondos suficientes para su implementación.
Otras reformas requieren que las autoridades realicen estudios que analicen los riesgos específicos que enfrentan las mujeres con discapacidad; crear un registro para determinar el número de casos relevantes; y diseñar políticas inclusivas integrales para todos los servicios pertinentes, incluso sobre accesibilidad en refugios y Centros de Justicia para las Mujeres. Estos centros también deben considerar el apoyo personal individualizado para mujeres con requerimientos de apoyo más intenso y que se encuentran atrapadas con sus agresores.
México ha adoptado disposiciones importantes para garantizar la seguridad y el apoyo de las mujeres con discapacidad, pero los legisladores ahora deben asegurarse de que estas protecciones no existan solo en el papel.
