La Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física y orgánica, Predif, ha solicitado la gratuidad de las autopistas de peaje para las personas usuarias de sillas de ruedas u otros problemas de movilidad, al considerar que circular por estas vías no debería tener ningún coste hasta que todos los medios de transporte público cuenten con accesibilidad universal.
El motivo de esta petición es que las personas con discapacidad física, principalmente, tienen que usar su coche con más frecuencia para viajar, ya que muchos transportes aún no están adaptados o solo cuentan con plazas puntuales para estos usuarios.
Las empresas concesionarias de las autopistas de peaje solo ofrecen descuentos o gratuidad en ciertas condiciones y horarios, sin tener en cuenta otras circunstancias de los conductores, como la discapacidad o movilidad reducida. Las únicas exenciones que existen actualmente, son, por ejemplo, los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u otros de las Autoridades Judiciales, de emergencia o Protección Civil, entre otros.
La propuesta de las entidades representativas del tercer sector de incorporar a esta lista de las personas con movilidad reducida fue rechazada en 2015 por el Congreso de los Diputados en el debate previo a la aprobación de esta norma.
En octubre de 2020 el boletín del Senado publicó la proposición de Ley de reforma del artículo 23 de la Ley 37/2015 de carreteras, que quedaría en estos términos: “Estarán también exentos del pago de peajes los vehículos privados no destinados al transporte colectivo de viajeros que transporten o sean conducidos por personas que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento”.
Además de esta petición se denuncia que los peajes siguen sin ser accesibles. La única alternativa que tienen las personas con discapacidad es la adquisición e instalación del dispositivo de telepeaje Vía-T, que solo ha contado en algunas ocasiones con promociones especiales para personas con discapacidad.
La exención de peaje es una medida social que ya se aplica en países europeos como Alemania y Austria, y que compensaría en parte el sobrecoste en que incurren estas personas y sus familias a la hora de afrontar sus desplazamientos, ya que dependen en gran medida del transporte particular, ante la falta de accesibilidad del general.
Eximir del pago de peaje por este motivo social no supondría coste directo para las arcas públicas, pues esta singularidad podría preverse en las condiciones de los contratos de concesión de las autopistas, que negocian las empresas concesionarias y el Estado.
