En su cruzada migratoria, la Administración de Donald Trump le ha declarado la guerra no solo a los extranjeros ilegales, sino también a quienes los defienden ante la ley. En casi cuatro meses de mandato ha recortado fondos a organizaciones de asistencia legal y cancelado contratos a quienes acompañaban jurídicamente a menores de edad. Ahora, además, se anuncia otro revés para los que apoyan a un grupo especialmente vulnerable: la eliminación del Programa Nacional de Representantes Cualificados, que hasta ahora brindaba ayuda a inmigrantes con discapacidad o problemas mentales.
La noticia —que impacta a los abogados y las casi 200 personas con problemas de salud mental, discapacidades cognitivas y lesiones cerebrales traumáticas que se beneficiaban del programa— se conoció tras una demanda presentada en la noche del lunes por grupos de abogados de inmigración en el tribunal federal de distrito del Distrito de Columbia.
Laura Lunn, directora de defensa y litigio de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, quien es además una de las demandantes, aseguró en un comunicado de prensa que “la acción del Gobierno de recortar los fondos para abogados de oficio para personas incapaces de representarse a sí mismas en tribunales de inmigración no solo es despiadada y cruel, sino también discriminatoria contra las personas con discapacidad”.
La cancelación del programa se llevó a cabo el mismo día en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y un tribunal de inmigración recibieron el aviso de un hombre detenido que padecía una enfermedad mental y que, según un juez de inmigración, necesitaba un abogado para su defensa.
Desde entonces el programa está deshabilitado en todos los Estados, excepto en Arizona, California y Washington, donde ya existía previamente tras un acuerdo en 2013 por la demanda colectiva relacionada con el caso Franco-González contra Holder. En ese entonces, el tribunal de distrito del Distrito Central de California concluyó que la Ley de Rehabilitación de 1973 “exige la designación de representación legal como un ajuste razonable para las personas en los procedimientos judiciales de inmigración que están detenidos, sin representación, e incompetentes para representarse a sí mismos debido a una condición de salud mental grave”, según explica en su página el Acacia Center for Justice, contratista que subcontrata a varios de los grupos legales que ahora se sumaron a la demanda.
La medida significa un golpe más para los millones de emigrantes sin recursos que permanecen en el país, y una ganancia para el Gobierno republicano en su propósito de acelerar las deportaciones. A partir de ahora, las personas sin posibilidades de poder defenderse a sí mismas ante un juez estarán más cerca de ser devueltos a sus países. También quedan desprovistos de otros tipos de asistencia como la ayuda a acceder a tratamiento, contactar con familiares desaparecidos o programar evaluaciones médicas y psicológicas.
Se trata de una de las mayores crisis que han atravesado letrados y bufetes, quienes han estado últimamente en la mira de Trump. Hace solo unos días se conoció que unos 26.000 menores de 18 años quedarían desamparados legalmente tras la cancelación de los contratos con decenas de organizaciones que atendían sus procesos jurídicos.
El Consejo Americano de Inmigración asegura que el 95% de los menores que tiene abogados asiste a sus audiencias ante la corte, pero solo lo hace el 33% que no lo tiene, lo que luego puede terminar en la deportación. En declaraciones a EL PAÍS, el abogado Jonathan Shaw afirmó que “los niños no tienen fondos para pagar un abogado y también se hace difícil para los jueces, que no pueden explicarles las cosas a los niños. Con estos fondos el mismo sistema funciona mejor para todos”.
No obstante, Trump está convencido de que los representantes legales están frenando los procesos de expulsar a millones de migrantes. Recientemente, el presidente firmó un memorando en el que dijo que los abogados estaban alimentando un “fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito”, y pidió al Departamento de Justicia sancionar a abogados y firmas “que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”.
