Un reciente informe del Banco Mundial señala las deficiencias y retos educativos que aún viven las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Pese a que ha habido algunos avances en intención o “en papel”, a la hora de la implementación de las medidas los resultados son insuficientes y los números continúan siendo desfavorables.
La investigación, que además de analizar la situación educativa revisa otros aspectos como la exclusión del mercado laboral y la pobreza y vulnerabilidad de las pcd, afirma que la región “está dejando atrás a los niños y jóvenes con discapacidad al otorgarles oportunidades limitadas para acceder a la escuela y aprender”. Los niños y adolescentes con discapacidad son más propensos a abandonar las clases, ausentarse y ser objeto de violencia o discriminación en el ámbito escolar. En toda Latinoamérica uno de cada 5 niños con discapacidad de entre 6 y 12 años no asisten a la escuela. En el nivel de educación primaria, mientras que el promedio regional de niños que no concurren es de 3.6 por ciento, sube a 15.1 por ciento en el caso de los niños con discapacidad.
La principal restricción es la desigualdad de oportunidades. Únicamente en dos países, Panamá y Uruguay, el porcentaje de niños con discapacidad que asisten a la primaria es cercano o similar al promedio nacional y en Costa Rica la brecha incluso se ha revertido. Pero en la mayor parte de la región, las brechas aumentan. A la cabeza de este fenómenos van Ecuador, El Salvador, México y República Dominicana con una diferencia de 31 a 13 puntos porcentuales. En toda América Latina y en todos los niveles las pcd tienen menos probabilidades de terminar la educación formal. En promedio, las pcd de entre 15 y 35 años son 21 por ciento menos propensas a completar la primaria que sus pares. Esta brecha se intensifica en el nivel secundario—salvo en Bolivia, Colombia y Ecuador—pues las pcd son, también en promedio, 23 por ciento menos propensas a terminar la preparatoria y 9 por ciento menos propensas a terminar la educación terciaria.
Es en el secundario donde hay un riesgo más alto de deserción escolar, sobre todo en alumnos de entre 15 y 17 años en ambientes rurales y de bajos ingresos (muchas veces estos estudiantes deben afrontar diversos retos como no contar con recursos económicos para pagar la escuela o deben trabajar para ayudar a sus familias). Existe, además, un escepticismo generalizado sobre la utilidad de la educación. En los niños y jóvenes con discapacidad las barreras son aún más difíciles de superar y esto deriva, a largo plazo, en altas cifras de analfabetismo, que es cinco veces más alto entre las pcd (22.1 por ciento frente a 4.3 por ciento) que en las personas sin discapacidad.
En pos de revertir estos números la Institución propone observar las estrategias de los países de la región a los que les va mejor en el intento de cerrar las brechas.
Estrategias que funcionan
Chile, Costa Rica y Uruguay, han reducido a menos de 5 puntos porcentuales la brecha en la educación primaria entre estudiantes con y sin discapacidad. En Costa Rica, la tasa de niños y jóvenes con discapacidad que no concurrían al colegio disminuyó de 15.5 por ciento a 8 por ciento entre 2009 y 2017. En Chile, en cambio, la reducción fue de 11 por ciento a 3.6 por ciento en ese mismo periodo. ¿A qué se debe este progreso?
El Banco Mundial atribuye estas cifras, en parte, al impacto benéfico de políticas de inclusión sostenidas durante varias décadas. Costa Rica, por ejemplo, decidió hace tiempo cambiar de escuelas especiales segregadas a espacios de aprendizaje inclusivos. El gobierno ofrece, por un lado, capacitación a maestros sobre inclusión a pcd, y también un sistema de apoyos para que ellas permanezcan estudiando.
Desde los noventas, Chile ha transitado hacia la educación inclusiva a través del Programa de Integración Escolar (PIE), un sistema en el que a las escuelas convencionales les otorgan financiamiento público para alumnos con “necesidades de educación especiales” que de manera temporal o permanente precisen algún tipo de ayuda para alcanzar sus metas educativas. Los participantes del programa se han triplicado en cuatro años y las políticas abarcan a casi 92 por ciento de los niños y jóvenes chilenos con discapacidad.
Las políticas no atienden solo la asistencia a la escuela, sino las metas de aprendizaje y profesores siempre capacitados. Además, se consideran ajustes materiales, tecnológicos, organizaciones y se cuenta con personal y presupuesto estable.
Para la institución que publica el documento, ha sido clave para acortar las desigualdades el tránsito de espacios especiales segregados a escuelas que incluyan a todos los alumnos en las mismas aulas. “Algunos países de la región han ido gradualmente en esta dirección, pero en muchos casos la transición no ha sido coordinada, lo que ha producido deserción escolar y un mayor sentido de aislamiento entre los niños con discapacidad y sus cuidadores”, indican los autores.
